La tentación de copiar es consustancial a la condición de estudiante. Es el modo canónico en el que se manifiesta la pereza en ese periodo vital o, quizá, la solución fácil cuando la gandulería y el desorden ganaron las batallas previas. ¿Quién no ha echado un vistazo a los exámenes aledaños, para descubrir —casi siempre— que los compañeros de fatigas estaban más perdidos que Amundsen y que sus incipientes respuestas iban encaminadas al abismo?
Contra las maniobras estudiantiles, ha de estar la profesionalidad del docente. Un buen examen, además de servir para instruir y evaluar, es herramienta de formación, que contribuye a forjar una vida organizada, en la que las prioridades están correctamente ordenadas a fin de sacar el mayor rendimiento al tiempo, un bien escaso por naturaleza. Un título académico, no sólo ha de ser garantía de conocimientos, sino también de disposiciones.
Entre el profesorado de la UAH se ha extendido la sospecha —nacida de evidencias— de que el copieteo va en aumento, tanto en cantidad como en sofisticación, muchas veces gracias a las últimas tecnologías. Trampas que van más allá de las pruebas de evaluación y proliferan en trabajos, prácticas y presentaciones. Mi propia experiencia lo avala: memorias de prácticas en las que la mayoría contiene idéntico y exótico error, aviso de una academia de que mis alumnos están ofreciendo dinero para que les resuelvan un trabajo, etc.
Ante esta situación, el vicerrector de estudios de grado, Jorge Pérez Serrano, ha salido al paso con una nota que no tiene desperdicio y que ilustra una vez más la decadencia de la institución cisneriana. Concretamente, nos pide que "cualquier acto fraudulento debe ser puesto en conocimiento del responsable del título y este decidir si se eleva a instancias superiores". Esto significa que la persecución del fraude en la UAH se convierte en una decisión discrecional, ya que pasa por la voluntad de un "responsable" en vez de estar regida por una norma.
La nota del doctor Pérez enlaza con la Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria, que establece sanciones ejemplares como la expulsión y la pérdida de derechos, pero cuyo rigor se ve mitigado por la eventual blandenguería del "responsable". Y aquí es donde está el hartazgo de muchos profesores, que perciben que no se hace nada.
La ocurrencia del vice es rogar que se incremente el número de vigilantes en las pruebas, a lo que inmediatamente nos asalta la pregunta de ¿para qué quiere más centinelas si, detectado el fraude, va a mirar para otro lado?
Cada problema requiere una solución a la altura de la coyuntura. Como ejemplo, reproduzco el conocido aviso de la biblioteca de la Universidad de Salamanca en tiempos de Francisco de Vitoria.
En aquellos momentos, los libros representaban un patrimonio precioso y escaso, y la sanción decretada por su enajenación estaba a la altura del bien que se quería preservar. La pena evidencia una voluntad inequívoca acerca del capital a proteger, más allá de que hoy en día nos suene jocoso y carezca de efecto disuasorio.
Si Jorge Pérez tuviera una voluntad decidida de cortar el fraude académico, no se andaría con paños calientes y advertiría sin rodeos con las penas establecidas en nuestras leyes, evitando la discrecionalidad tramposa de un juez intermedio. Lo demás es un "quiero y no quiero" que fomenta el dolo.
Por otra parte, tampoco ayuda mucho al fortalecimiento moral de la vida académica la laxitud con la que se evalúa en nuestros días. A esto cooperan dos fuerzas sumatorias: la presión para aprobar a todo hijo de vecino que ejercen nuestros gestores, y la desidia del docente, más preocupado por publicar articulitos para medrar que por enseñar.
Si los exámenes estuvieran bien confeccionados y fueran "de pensar" no habría tanto copieteo, pero como se han convertido en un remedo de la famosa consulta sobre la pigmentación del caballo blanco de Santiago, mero vómito de ejercicios tipo, regurgitación de conocimientos memorizados, pasa lo que pasa.
El deber de evaluar del profesor es sagrado y la mayor de sus responsabilidades, por encima, incluso, de la instrucción. Discriminar quien sabe y quien no sabe es un compromiso de trascendencia social del que un docente que se precie no puede abdicar, pues hacerlo es un fraude mayor que el que comete el alumno cuando copia.
La laxitud con la que se otorgan aprobados hace daño tanto a la sociedad como a los individuos. A la primera, porque iguala a todos por abajo escondiendo el conocimiento y la competencia reales. Y a los segundos, porque les engaña —haciéndoles creer que saben—, les ensoberbece —premiándoles con un mérito que no poseen— y les debilita —impidiéndoles abordar las tareas que les serían propias—.
Eso sí, a todo esto hemos llegado vistiéndolo de vocación docente, novedad metodológica y otras zarandajas: como aquel catedrático, felizmente jubilado, que evaluaba "mirando a los ojos" (sic), o la autoevaluación, un innovador oxímoron, pues evaluar es "valorar desde fuera" y hacerlo desde dentro, una contracción.
